Somos vecinos y vecinas,
no especuladores.

En medio de una crisis económica sin precedentes y unas condiciones laborales cada vez más precarias, muchos vecinos de la ciudad con recursos insuficientes se han visto obligados en los últimos años a buscar fuentes de ingresos alternativos y adicionales para subsistir. Algunos optamos por alquilar esporádicamente casa o una habitación en nuestro hogar.

Desde finales de 2016, el Ayuntamiento de Barcelona multa a los pisos que se alquilan a través de Airbnb sin licencia turística de forma automática. La mayoría de los miembros de esta asociación comparte el espíritu de esta ley. De hecho, muchos somos votantes de los partidos que han impulsado estas políticas. Entonces, ¿qué ha pasado?

Ahora, en tiempos de pandemia, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una campaña de hechos consumados, aplicando la ley con celeridad y de manera indiscriminada, con protocolos poco precisos y sin notificarlo de forma adecuada, lo que hace sospechar un claro afán recaudatorio.

Como consecuencia, estos castigos excesivos han recaído injustamente sobre cientos de particulares, la gran mayoría jóvenes o familias modestas, con una economía frágil. Ahora nos encontramos que la mayoría de los expedientes que se habían detenido han sido reabiertos durante la pandemia.

Muchos de nuestros compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, son víctimas de este conflicto entre la plataforma y el Ayuntamiento, con consecuencias devastadoras para su vida y su salud. Embargos, procesos y litigios costosos y larguísimos, familias hundidas, parejas jóvenes que han tenido que irse del país o vender su piso para poder superar esta situación de indefensión, sin olvidar los efectos psicológicos que estos hechos pueden conllevar.

Cabe decir que, en nuestra asociación, no hay ninguna persona que haya continuado con la actividad tras recibir el aviso de cese, y que todos los miembros de esta asociación estamos de acuerdo con detener la especulación inmobiliaria asociada al turismo que sufre nuestra ciudad.